El Halconazo Tapatío, entre el olvido y la impunidad

Amurallada con un gran número de policías investigadores, antimotines, policías municipales y tanquetas, así lucían el 5 de junio de 2020 las instalaciones de la Fiscalía Estatal y sus alrededores. Era el escenario previo al Halconazo Tapatío, un operativo organizado por agentes de esa dependencia, encubiertos y armados con bats, tablas y hasta palos de golf para reprimir a jóvenes que habían convocado a una manifestación. 

Un día antes, había sucedido la protesta por el asesinato de Giovani López, a manos de policías de Ixtlahuacán de Los Membrillos. La misma se salió de control, y en un despliegue de policías estatales sin seguir protocolos, se detuvo de manera arbitraria a varios manifestantes. 

La manifestación del 5 de junio se había convocado para pedir su liberación a las 5 de la tarde, pero la represión desde el estado, lo impidió. 

Para entonces, eran muy pocos los que habían logrado llegar al punto de encuentro de la  manifestación, entre la calle 14 y 3 en la Zona Industrial, pero no era claro lo que estaba sucediendo. Los asistentes reportaban que sus compañeros estaban ilocalizables. 

El ambiente era tenso y camionetas sin placas de la Fiscalía Estatal con policías investigadores vestidos de civil rondaban las instalaciones e incluso agentes estatales llegaron a ese punto de la concentración para intentar la detención de los jóvenes a la luz de reporteros y fotógrafos. Verse expuestos los obligó a retirarse. 

Para las 7 de la tarde, los videos comenzaron a publicarse en redes sociales sobre cómo los jóvenes fueron interceptados en las calles aledañas por los policías investigadores y subidos a camionetas para trasladarlos a la propia Fiscalía Estatal, donde estuvieron incomunicados y sin registrar sus detenciones. Luego fueron sacados y abandonados en colonias de la periferia y sin sus pertenencias. 

Por la noche, el gobernador aceptó que fueron policías de la Fiscalía Estatal, quienes cometieron estas desapariciones y evidenció una infiltración del crimen organizado en su dependencia. 

La Fiscalía Anticorrupción es quien actualmente mantiene abiertas cinco carpetas de investigación, dentro de las cuales se han vinculado a proceso sólo a seis servidores públicos. Los testimonios de jóvenes hablan de más agentes involucrados. 

El fiscal anticorrupción, Gerardo De la Cruz Tovar reconoce que sólo Salvador N, permanece en prisión preventiva, pero solicitó la suspensión condicional del proceso y podría ser dejado en libertad, al igual que Raúl N. 

Las amenazas y el miedo persiste entre los jóvenes desaparecidos, así lo expresa una de las víctimas. 

También la percepción de impunidad ante una investigación que ni siquiera persigue el delito de desaparición forzada, sólo como abuso de autoridad. 

El fiscal Anticorrupción defiende que los seis servidores públicos vinculados a proceso, por este hecho, cinco de ellos en libertad, y el intento de llevar a tres más sin que se logrará, no son un reflejo de impunidad. 

Lo cierto es que, a un año de lo ocurrido, la sociedad ni los afectados conocen cómo se orquestó este operativo y quién lo ordenó. El gobierno estatal le ha apostado al olvido y a la impunidad, y ni siquiera ha cumplido a cabalidad las recomendaciones de la ONU. 

Una de las carpetas que mantiene abierta la Fiscalía Anticorrupción es para revisar la actuación de servidores públicos en el caso de Giovani López, en la cual su titular, dijo que no hay avances, aunque argumenta que se debe a la falta de participación de los familiares porque ni siquiera se les puede localizar. 

Sobre el proceso contra los policías municipales acusados de esta ejecución extrajudicial, la Fiscalía Estatal tampoco informa avances.