La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco revela la violación de derechos humanos de niños asilados en el albergue Cien Corazones y Casa Hogar Cabañas

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco concluyó que en los albergues Cien Corazones se violaron los derechos de dos niños, uno de los cuales falleció en la Casa Hogar Cabañas donde intentaron ocultar su muerte derivada de la golpiza recibida en la primera casa.

En la recomendación 142/2021 se acreditaron tratos inhumanos contra una niña dentro de Cien Corazones. La menor de edad era obligada a dormir en el suelo porque presentaba incontinencia urinaria. Además, otra de las niñas internadas señaló a un monitor de tocarle los senos.

El presidente de la defensoría publica, Alfonso Hernández Barrón, destacó la falta de capacitación del personal que no tenía competencias profesionales “carecen de una política eficiente y eficaz en la contratación del personal idóneo considerando que la población de niñas, niños y adolescentes y mujeres que atienden requieren atención especializada dadas sus condiciones de discapacidad”.

Además, en el caso de la muerte del niño golpeado en el albergue Cien Corazones y luego trasladado a la Casa Hogar Cabañas, la médico responsable mintió sobre la causa de la muerte.

“Esta Comisión evidenció que personal del área médica del Hogar Cabañas asentó que la muerte del adolescente fue por causa natural o de enfermedad, sin embargo, la necropsia demostró que el fallecimiento derivó de los golpes que recibió”, destacó el presidente de la Comisión

En el caso de la recomendación 143/2021 presentada, se acreditó la omisión por parte de agentes del ministerio público del área de feminicidios por no investigar con perspectiva de género la muerte violenta de una adolescente de 16 años al no judicializar la carpeta pues consideraron que se trató de un suicidio.

En ambas recomendaciones anunciadas ayer, el presidente Hernández Barrón aseguró que desde el conocimiento de los casos se actúa por oficio y se dictan medidas cautelares para la protección de las víctimas directas o indirectas, además del seguimiento para que los presuntos responsables se obliguen a la no repetición de las violaciones a derechos humanos.