Prevalece impune caso de tráileres que almacenaron cuerpos sin identificar: CEPAD

Por las omisiones que cometieron diversos servidores públicos al permitir el deambular de dos cámaras refrigerantes móviles con cuerpos sin identificar sin un trato digno, no hay nadie sancionado, a dos años y medio de estos hechos, es parte de lo que consignó el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) en un informe presentado ayer. 

Su co-directora, Anna Karolina Chimiak dijo que este caso, con el cual destapó una crisis forense en Jalisco durante 2018, permanece en una plena impunidad. 

“Y no existe transparencia e información clara y oficial sobre el seguimiento. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción tiene a su cargo una investigación penal relacionada con los hechos, reconociendo la participación de servidores públicos del IJCF y de la Fiscalía Estatal, y dentro de esta carpeta hay una vinculación a proceso y también se espera audiencia de imputación para otra persona”. 

La única vinculación a proceso corresponde a Yolanda Santiago Villela, la funcionaria que autorizó el pago para los arrendamientos de estas dos cajas refrigerantes por 750 mil pesos a las empresas Cold Red Transport y Logística Montes, cuando fue la coordinadora general de Administración y Profesionalización en la Fiscalía General del Estado. 

Lo mismo se reveló tras la respuesta de una solicitud de información brindada a este equipo. Para entonces, esta funcionaria se desempeñaba ya como directora general administrativa de la Contraloría Estatal, una dependencia que había comenzado con una investigación administrativa sin dar de baja antes este servidora pública, sino hasta que se dio a conocer su participación en estos hechos. 

Respecto a esas investigaciones por parte de la Contraloría del Estado, Anna Chimiak dio a conocer lo que les respondieron desde esta dependencia, así como en la contraloría interna del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF). 

La donación sin control de cuerpos a universidades, así como la incineración irregular de víctimas, autorizadas por funcionarios forenses desde 2006 hasta 2015, son otros hechos que Anna Chimiak, recordó que permanecen impunes.