Sin concluir investigación contra docentes señalados de omisos en caso de abuso sexual

Las presuntas omisiones de docentes en un caso de abuso sexual ocurrido en 2019 en la Escuela Primaria Marco Antonio Montes de Oca, por la que protestaron feministas afuera de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), no han sido sancionadas y la investigación interna continúa abierta. 

Además, la Contraloría Interna de la SEJ calificó como falta no grave la actuación de dos profesores, la directora y una supervisora de zona. Su titular, Aymeé Yalitza De Loera especificó que al inicio removieron de sus funciones en el plantel al profesor y la directora, pero apenas el 29 de junio de este año tomaron esta determinación contra los cuatro docentes. 

Las madres incluso pidieron incluir a ocho profesores como omisos, pero la Contraloría decidió solo incluir a dos más. Todos trabajan aún en la SEJ, aunque defendió que en labores administrativas.  

“El protocolo habla de que tenemos que conservar sus derechos laborales, ¿cuáles? Todos: el sueldo, sus prestaciones, vacaciones, todas las prestaciones que puedan tener, las tenemos que mantener porque a lo mejor nosotros caemos en una irresponsabilidad y a lo mejor se van al amparo. Entonces, pueden utilizar un recurso legal en caso que vulneremos algún derecho laboral. Sí están trabajando porque ellos se tienen que presentar a la Jefatura de Sector, pero su trabajo es administrativo; ya no frente a grupo”. 

Las madres de las víctimas no están de acuerdo con que se califique como “falta no grave” el asunto y recurrieron al Tribunal de Justicia Administrativo (TJA). Ahí se encuentra el asunto y la Contraloría espera la resolución en esa instancia para seguir con el proceso de responsabilidad administrativa y definir una sanción.

Según la contralora, la denuncia fue presentada por los padres de familia en enero de 2020 por el abuso contra tres niñas, y lo cometieron otras tres menores y un niño. Ocurrieron desde agosto de 2019. 

“Las madres manifiestan que los hechos sucedieron al inicio del ciclo escolar, que empieza en agosto de 2019, y después hay otra agresión en noviembre y otra en diciembre de 2019, otra en enero de 2020, que es cuando se recibe la denuncia”. 

Pese al tiempo transcurrido, la funcionaria negó tardanza en el proceso. 

“Mientras no nos pasemos de los tres años que la ley me da para hacer una investigación, estamos en tiempo. Pudiera parecer que está muy desfasada, pero pues tenemos el escenario atípico de la pandemia y que, a veces entre las dependencias para proporcionarnos información, pues no es tan ágil el proceso”. 

Otra justificación es que tardaron en encontrar la información que necesitaban para la investigación porque el plantel era provisional y fue demolido. 

La diferencia de que se califique una falta como no grave es que la inhabilitación de servidores públicos es por un año, mientras que cuando es grave, son 10 años. 

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