Diputados limpian cuentas públicas de ayuntamientos y la administración estatal pasada

Los diputados locales evitaron que más de 41 millones de pesos no fueran reintegrados al erario público al limpiar las cuentas públicas con gastos no comprobados de 10 ex presidentes municipales y tres ex secretarios de estado, en la administración de Aristóteles Sandoval. 

Los cargos corresponden a los ejercicios fiscales de  2015 a 2017, los cuales desde la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, había ordenado que los ex funcionarios reintegraran el recurso. 

Entre las más altas, se encuentran dos del poder Ejecutivo de los años 2016 y 2017. Mismas que suman más de seis millones 500 mil pesos. 

Una de ellas, en contra del secretario de Educación, Francisco Ayón López, por dos millones 497 mil pesos en el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, así como contra José Palacios, secretario de Desarrollo Económico por tres millones 700 mil pesos, debido a gastos no comprobados en un programa de subsidios para inversión. 

También contra Héctor Padilla, entonces secretario de Desarrollo Rural por 405 mil 888 pesos en proyectos productivos rurales. Con el rechazo de los diputados a fincarles estos cargos, también se le ordena a la Auditoría Superior iniciar el procedimiento de finiquito, con el cual, pagan una cantidad mucho menor. 

La diputada de Morena, María Esther López Chávez acusó a sus compañeros de ser una legislatura que lava cuentas. 

“Ojalá que esta legislatura pase a la historia, pero yo creo que va a ser la última, ojalá, deseo, que sea la última que pasé como una lavadora de cuentas municipales, institucionales, es una vergüenza y voy a hacer público nombres, partidos, municipios y que la gente se entere”. 

Entre los municipios señalados se encuentra La Barca, Ixtlahuacán del Río, Teocuitatlán de Corona, Tonaya, Cuautitlán, Teuchitlán. Atemajac de Brizuela, Tomatlán, Tepatitlán, Juanacatlán y El Salto. Al limpiar todas estas cuentas en donde no se comprobó el ejercicio del presupuesto, los diputados evitaron que se cobraran a ex funcionarios más de 41 millones de pesos. 

La presidenta de la Comisión de Vigilancia, Daniella Hernández justificó que los ex servidores públicos llevaron la justificación de los gastos al Congreso del Estado, aunque los documentos no son públicos.