CEPAD y familias publican contrainforme de desaparecidos y materia forense

Luego que el gobernador rindió su Tercer Informe de Gobierno con cifras triunfalistas en materia de desaparición y situación forense en Jalisco, colectivos y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo respondieron con un contrainforme en el que evidenciaron una realidad distinta a la mostrada de manera oficial.

De acuerdo con estos datos presentados, hay cifras parciales por parte del gobernador, presumió una eficacia exagerada en la localización de personas, aclararon que la ubicación de fosas no es suficiente, hay impunidad en los casos y la existencia de una crisis forense es un hecho.

En la estadística de desaparición aclararon que sólo se presentó una parte al asegurar que hay 10 mil 777 pendientes de localizar sin siquiera tomar en cuenta el registro que tiene la Comisión Local de Búsqueda, que contabiliza 12 mil 427 personas desaparecidas, pero además el dato también difiere de lo reportado por el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas que muestra más de 14 mil 500 personas en esa condición.

Señalar que en su trienio hay menos personas desaparecidas cada año lo observan insostenible, pues el gobernador acumula en su gobierno tres mil 590 desaparecidos y en el informe no se toma en cuenta la cifra negra en este delito.

También observaron una exagerada eficacia en la localización de estas víctimas, pues en este dato hay discrepancias oficiales. Mientras el gobernador  dijo que en su gobierno se localizaron 10 mil 73 personas, sin embargo, el propio Sistema de Información sobre  Víctimas de Desaparición (SISOVID), muestra que son siete mil 904 y el Registro Nacional cinco mil 22. 

Además la localización se da en personas que desaparecieron durante esta administración y han dejado de lado las de larga data.

Sobre el hallazgo de fosas clandestinas presumido por el gobernador como un logro en la búsqueda de desaparecidos, recordaron que no se trata de un resultado positivo, pues no consideró en su discurso el crecimiento del uso de fosas clandestinas por parte del crimen organizado. Tampoco tomó en cuenta los esfuerzos de las familias al hacer búsquedas en campo y brindar indicios ante la posible existencia de una fosa. 

La exhumación de los cuerpos tampoco garantiza la trazabilidad, el manejo de información y su identificación forense, algo que se traduce en la revictimización y en una segunda desaparición institucional ante la tardanza con la que son notificadas las familias o en tregaentregarles los cuerpos. 

No hay justicia en estos casos, pues solo se han vinculado a proceso a cuatro personas ante estos hallazgos. 

Frente a la incremento de personas judicializadas por este delito que destacó el gobernador, respondieron que al considerar que sólo hay 281 personas vinculadas a proceso ante 14 mil 500 que permanecen desaparecidos, la justicia es casi nula. Solo se contabilizan cuatro sentencias por este delito. 

En materia forense, reclamaron que el gobernador se haya negado nuevamente a reconocer una crisis en su gobierno. 

Descartaron que se pueda comprobar qué hay un manejo de cuerpos según la norma. Los registros claros y archivos de identificación básicos recordaron que no hay información sobre las personas previo a que se destapara la crisis de 2018. 

El aumento de personal no es experto en identificación, en lo que más rezago tiene la institución y finalmente respecto al aumento de espacios de resguardo, el enfoque debe cambiar para priorizar la identificación. 

Según los datos de este contrainforme, antes de este gobierno ingresaban al Servicio Médico Forense (Semefo) entre ocho y nueve personas diarias, actualmente son 13 al día. El rezago en la identificación ha aumentado de 9 por ciento a 20 por ciento. 

Recordaron que el Semefo en su sede metropolitana y regional tiene cinco mil 670 personas sin identificar. Persisten las negligencias con las familias que tienen ahí el cuerpo de su ser querido y no se encuentra en el primer momento y existe aún falta de sensibilidad por parte del personal.